Estas fueron las palabras que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, se dirigió a autoridades provinciales, mendocinos y mendocinas en el acto de Apertura del Año Judicial 2021.
Realizó un repaso del trabajo realizado en contexto de pandemia; cuantificó, con datos y estadísticas, el desempeño de las distintas áreas del servicio de justicia; y, finalmente, pidió diálogo y madurez política a la clase dirigente.
DISCURSO APERTURA AÑO JUDICIAL 2021
Me toca circunstancialmente estar aquí para rendir cuentas de lo hecho en el Poder Judicial de la Provincia, pero especialmente para contarles las acciones que nos proponemos llevar adelante en el presente año.
En estos pocos meses en los que tengo asignada esta responsabilidad, con el resto de los miembros del Tribunal, hemos pasado gran parte de la pandemia que nos ha afectado a todos, habiendo tomado las medidas necesarias para que el Poder Judicial siga prestando servicio, pero también, hemos empezado a gestar las reformas para los próximos años, en aras de lograr un sistema de protección de derechos más transparente, moderno, ágil y de calidad, siempre de cara al justiciable.
Desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, allá por el 20 de marzo del año pasado, hasta diciembre del 2020, el Poder Judicial, fuera del sistema penal y de violencia familiar, sólo suspendió de manera general sus actividades durante 15 días. El resto del año se prestó el servicio, con ciertas inhabilidades en algunas dependencias. Esta apertura casi total, se generó a partir de una decisión institucional de la Corte, en el entendimiento de que somos un servicio esencial y que el cierre de nuestras oficinas ocasionaría un daño irreparable a la ciudadanía y a la Provincia.
Se nos planteó un desafío por demás complicado. El Poder Judicial tuvo hasta diciembre del año pasado 583 casos de Covid-19 o con contactos estrechos positivos, lo que representa cerca del 18% del total de la planta de personal.
Las consecuencias irremediables de la pandemia impusieron a esta Corte la necesidad de lograr herramientas que aseguren un verdadero equilibrio entre el acceso a la justicia de los mendocinos y mendocinas, la integridad física del personal del Poder Judicial y el resguardo de la actividad de los y las profesionales que litigan en nuestros tribunales. Fue en cumplimiento de estos mandatos, que comenzamos a desarrollar sistemas tecnológicos y reingenierías en la asignación de los recursos humanos, que nos permitieron garantizar, de la mejor manera posible, la tutela judicial efectiva. Vaya un reconocimiento a todos los judiciales que redoblaron esfuerzos, que excedieron sus horas de trabajo, en tribunales o desde sus casas, para poder mantener el servicio de justicia funcionando.
Como consecuencia de lo que vivimos el año pasado, nos vimos en la obligación de acelerar todos nuestros planes tecnológicos.
El primer día de Aislamiento efectivo, comenzamos a trabajar con la metodología de teletrabajo con 10 usuarios de VPN. Esos 10 usuarios llegaron a 600 para el mes de mayo y en la actualidad son 3000, lo que permite que los empleados, funcionarios y magistrados puedan trabajar en modo home office.
Adicionalmente, en esos primeros días de aislamiento, tras varias reuniones virtuales entre los 7 miembros de la Corte y el equipo de la Dirección de Informática, el 1 de abril pusimos en funcionamiento la MEED, Mesa de Entradas de Escritos Digitales, a través de la cual, todos los abogados y abogadas de la Provincia, pudieron presentar sus escritos de manera remota, cualquier día de la semana, sin limitación horaria. En sólo 10 días diseñamos y aplicamos una mesa de entradas para todos los juzgados y tribunales, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.
Ingresaron, a través de este sistema, 923 mil escritos.
Los juzgados y tribunales provinciales fueron los primeros organismos públicos, a excepción de la salud y seguridad, en reabrir sus puertas luego del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.
El 11 de mayo del 2020 se dispuso la reapertura de los tribunales provinciales para los profesionales, con estrictos protocolos de salubridad y seguridad, invirtiéndose más de 26 millones de pesos en insumos sanitarios destinados al cuidado del personal y profesionales que asistieran.
Funcionamos hasta los primeros días del mes de diciembre del 2020 con el 60% de la planta de personal realizando trabajo presencial. Hoy lo hacemos con el 85% de la planta total. Este dato nos permite poner en contexto la labor realizada durante todo el año, y que intentaré describir.
La atención presencial de profesionales nos llevó a diseñar un sistema de turnos a fin de regular el ingreso a los edificios judiciales. Es así que se implementó la aplicación PJM- Express, mediante la cual a la fecha se han otorgado 266.667 turnos.
Sin desconocer los inconvenientes que un número limitado de turnos genera a la hora de ejercer la profesión, entendimos, desde la lógica del cuidado, que éste sistema era la única forma de permitir la asistencia de profesionales al Poder Judicial para poder procurar sus causas.
En paralelo al sistema de turnos y al ingreso digital de escritos, esta corte aprobó la utilización del domicilio real electrónico, mecanismo que permitió que todas las diligencias, como traslado de demanda o emplazamientos que debían hacerse físicamente, pudieran ser reemplazados por un sistema electrónico seguro y transparente, evitando con ello dilaciones procesales, garantizando, a la par, el derecho a requerir la intervención judicial que tienen todos los mendocinos y mendocinas.
Enfrentamos otro problema, la inmovilización de nuestras cuentas bancarias judiciales, lo que nos llevó a repensar los procesos seguidos hasta la actualidad y a acordar con el agente financiero del Poder Judicial la generalización de un sistema de apertura de cuentas, transferencias de fondos, y consulta de saldos de manera on line.
De esta forma, mediante el libramiento electrónico de fondos, se pudieron transferir a aquellos justiciables cuyo derecho había sido reconocido, las sumas depositadas en concepto de indemnizaciones, salarios o cuotas alimentarias, de manera electrónica y desde el tribunal. Este mecanismo implicó el movimiento de fondos desde las cuentas del Poder Judicial hacia la economía de la ciudadanía de más de 1700 millones de pesos, siendo:
- 430 millones en el fuero civil, paz y tributario;
- 129 millones del fuero concursal;
- 26 millones del fuero de familia y penal de menores;
- 25 millones de la Suprema Corte
- y 1100 millones del fuero laboral.
Comenzamos a utilizar, desde cero, nuevas plataformas y aplicaciones de telecomunicaciones logrando así realizar audiencias remotas en la totalidad de nuestros fueros.
Aprendimos y empezamos a familiarizarnos con Teams, Zoom, Google Meets, Webex, y otras plataformas de reuniones virtuales. Aprendimos a escucharnos, a entendernos y a leernos a través de una pantalla. Entendimos que esta nueva forma de comunicarnos y de vernos, era la única manera que teníamos de seguir adelante en la prestación del servicio de justicia.
Esto fue posible, porque estratégicamente direccionamos nuestro presupuesto a la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías. Es en ese marco, sólo en un Data Center para el Poder Judicial invertimos cerca de 25 millones de pesos, decisión que nos permitió desarrollar las aplicaciones y sistemas ya comentados.
Por decisión de este Alto Tribunal, por primera vez en muchos años, se suspendió la feria judicial de julio, entendiendo que era necesario continuar trabajando para poder dar respuestas a nuestros conciudadanos, que sufrían al igual que nosotros los efectos de la pandemia.
A manera de repaso diremos:
El fuero penal funcionó de manera constante. Nuestros juzgados y tribunales penales colegiados no tuvieron inhabilidades. Realizamos 14.977 audiencias virtuales (en promedio 55 audiencias diarias) de las cuales la mayoría se hicieron de manera remota, y en algunos casos en modalidad presencial y semipresencial.
Se dictaron más de 4.700 sentencias, a razón de 20 sentencias diarias.
Pudimos llevar adelante 3 juicios por jurados durante el año 2020, uno previó a las restricciones de la pandemia, y 2 aplicando protocolos específicos de Covid 19, siendo el primer Poder Judicial en concretarlo.
Al fuero laboral, ingresaron 9.416 causas, y se resolvieron 9.785.
Nuestras cámaras laborales realizaron más de 3.000 audiencias, de las cuales 2.000 se llevaron cabo de manera remota, y las restantes en modalidad presencial y semi-presencial. Estas 3.000 audiencias pertenecen a causas de las cuales más de la mitad, ya tiene sentencia.
El fuero civil no tuvo disminución en el ingreso de causas el año 2020, en comparación con el 2019. No obstante haber mantenido el nivel de trabajo, los jueces civiles de la provincia redoblaron sus esfuerzos pudiendo resolver 9.000 causas y llevar a cabo más de 10.000 audiencias, la mayoría en modalidad remota. De hecho, este fuero fue el primero en lograr que todo un proceso contradictorio se inicie y finalice de manera virtual.
Al fuero de familia ingresaron más de 26.000 causas, resolviendo aproximadamente 20.000 de ellas con sentencia definitiva.
El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario realizó 15 mil intervenciones, haciendo hincapié en los casos de violencia intrafamiliar.
Hemos fortalecido el sistema de Puntos de Encuentros a fin de ofrecer a padres y madres con hijos no convivientes un espacio para que se comuniquen y vean. Así, se ha incorporado un punto de encuentro mediante la firma de un convenio con la Municipalidad de Mendoza y estamos tramitando uno más con la municipalidad de Guaymallén. Invito a todos los intendentes presentes a que se sumen a esta iniciativa y así podamos contar en toda la provincia con estos lugares especiales que nos ayudan a reducir la conflictividad social y a garantizar los derechos de padres, madres e hijos.
Uno de los fueros que más ingresos tuvo fue el de Paz, que tramitó durante el año de pandemia cerca de 16.667 causas. En el mismo periodo de tiempo se resolvieron más de 14.000 causas.
En el fuero concursal ingresaron 1.500 causas aproximadamente, siendo las resueltas 1.400, lo cual marca un equilibrio en la prestación del servicio.
Los jueces tributarios de Mendoza resolvieron más de 140.000 expedientes, mientras que en el mismo periodo ingresaron 124.000, es decir, los juzgados tributarios se suman a la tendencia de otros fueros.
El fuero penal juvenil debió adecuar sus procesos a nuevas instancias de virtualidad, coordinar las acciones necesarias para continuar con el acompañamiento de menores sujetos a proceso no privados de su libertad, labor jurisdiccional que se refleja en un promedio mensual de 300 expedientes. Al mismo tiempo se trabajó con 32 menores que se encuentran internados en los establecimientos provinciales de privación de libertad.
Adicionalmente, durante el año 2020 se iniciaron actuaciones para atender la situación de poco más de 400 jóvenes, realizándose más de 1700 audiencias, entre las que se incluyen el seguimiento de las medidas de protección dispuestas.
Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en los últimos 5 años en Mendoza sufrimos la triste cantidad de 63 femicidios.
El 40% de esos casos ya cuenta con una sentencia condenatoria. El restante 60% se encuentra en proceso, la mayoría con elevación a juicio confirmada y en todos los casos con imputaciones a los femicidas, circunstancia que demuestra que la investigación criminal y la resolución de estas causas ha sido en la provincia efectiva al 100%.
No obstante, esta no es la solución que necesita esta dolorosa problemática, porque cuando ya actuó un fiscal o un juez en estos casos, el derecho ya ha sido irremediablemente conculcado, hemos perdido una vida.
Es por esto que debemos trabajar los tres poderes del estado de manera preventiva, mediante acuerdos interinstitucionales que les brinden a las víctimas de violencia de género la posibilidad de contar con un estado presente, dando respuestas concretas a la situación que están sufriendo. Ponemos, este Poder Judicial, a disposición de los otros poderes, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, para la profundización de las políticas públicas en materia de género.
La justicia mendocina, fuera de su rol jurisdiccional, desde la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, atendió durante todo el año de pandemia, llegando a abordar 1851 casos de violencias por razones de género.
Fuimos el primer poder del Estado provincial en realizar las capacitaciones dispuestas por la Ley Micaela, llegamos a capacitar a 1110 agentes judiciales, de todos los niveles de actuación de nuestros organismos.
Continuamos, más allá de los problemas que se nos presentaron durante el año 2020, con la asistencia desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, también dependiente de esta Corte.
Habilitamos vías de acceso para continuar brindando servicios de asistencia jurídica primaria y asistencia a víctimas y testigos de delitos de manera remota, ya sea a través de líneas telefónicas, videollamadas o por correo electrónico, además del funcionamiento presencial.
Adicionalmente, se fortaleció la presencia territorial mediante la participación en operativos de acceso a la justicia en diferentes puntos de nuestra provincia. Se realizaron más de 160 monitoreos virtuales en geriátricos, hogares de salud mental, cárceles y comisarias.
Durante el año 2020, la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, en forma ininterrumpida, a través de su Portal web, realizó en total 295.767 auto consultas.
El Centro Móvil de Información Judicial representa la llegada del Poder Judicial a las zonas más carenciadas, donde brindamos asesoramiento gratuito a todo aquel que se acerque a una plaza o a un hospital de su barrio. Durante el 2020, previo a la declaración del aislamiento obligatorio atendimos 850 consultas. Luego tuvimos que reinventarnos y comenzamos a derivar esos pedidos de asesoramiento a la modalidad de video llamadas, con profesionales abogados atendiendo desde nuestras oficinas, llegando a atender 1500 consultas durante todo el año. Debo agradecer la constante colaboración de profesionales del derecho que se suman a esta tarea de manera ad honorem, como así también al Colegio de Abogados.
A través de WhatsApp y de nuestra línea telefónica gratuita se recibieron más de 50.000 llamados durante todo el año. Convertimos todo el call center en home office, no dejando de atender en ningún momento.
Resta mencionar el Fuero de Pequeñas Causas y Consumo. Este tipo de conflictos ingresaban en el sistema judicial, y en la mayoría de los casos no se arribaba a una solución. Con este fuero, un 90% se terminan resolviendo a través del diálogo y el consenso. Es así que durante el 2020 se atendieron, tramitaron y resolvieron 2.113 causas.
Haciéndonos cargo de que muchas veces se sostiene que este poder del estado es el más cerrado, hemos profundizado las políticas de transparencia de todos los actos y servicios que prestamos, generando acciones para acercar a la ciudadanía con la justicia e incluso hacerla parte de las decisiones que vamos a tomar.
Ejemplo de ello es, que todos los actos jurisdiccionales pueden ser consultados a través de nuestro portal web por cualquier ciudadano, destacándose en esta línea también, la realización de audiencias públicas, espacios donde todos pudieron hacer oír su voz.
Quizá, la acción de mayor impacto en cuanto a la transparencia de lo que hacemos y trabajamos, ha sido el Canal Oficial del Poder Judicial, SijumTv, hoy el segundo de mayor audiencia en el país entre los Poderes Judiciales de todas las provincias, contando con cerca de 6 mil suscriptores. A través de esta implementación, se pudo ver en vivo y en directo el primer juicio por jurado de la provincia, entre otras muchas causas y audiencias. El mundo pudo observar la sentencia de uno de los casos más resonantes en la historia de nuestra provincia, tal como fue la resolución de la causa Próvolo, con 200 mil conexiones en vivo en simultaneo en el momento de lectura de la sentencia.
No quiero dejar de mencionar en este discurso dos pilares fundamentales en el servicio de Justicia. Estoy hablando del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública.
La Procuración General, a cargo de Alejandro Gullé, no fue ajena a la complejidad con la que se nos presentó el 2020 y para continuar la dinámica de transformación iniciada en 2016, se adoptaron las medidas para asegurar las condiciones de higiene y seguridad del personal que cumple funciones en forma presencial y habilitando las herramientas tecnológicas para que las y los magistrados, funcionarios y auxiliares de toda la provincia pudieran acceder de forma remota al Sistema Informático Penal del Ministerio Público, activando el funcionamiento del "expediente virtual".
Durante el año pasado, un hito en esta gestión fue la puesta en funcionamiento de la Oficina Fiscal Virtual, con competencia en todo el territorio de Mendoza y sin limitación cualitativa de delitos, para intervenir en todos aquellos hechos presuntamente delictivos que son denunciados a través de las nuevas Tecnologías de información y Comunicación.
El rendimiento de las unidades fiscales se refleja en el porcentaje de resolución de delito. Así, por ejemplo, la Unidad Fiscal de Homicidios logró el esclarecimiento de más del 80% de los hechos, con la detención de los autores como resultado. En el caso de la unidad fiscal de Robos y Hurtos se lograron, durante el periodo de pandemia, 697 sentencias condenatorias.
También fue un año con balance positivo para el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, uno de los estandartes del Ministerio Público Fiscal y que es modelo a seguir en Latinoamérica. Una de las empresas más grandes del mundo eligió al laboratorio local para poner a prueba el Rapid Hit, un equipo de análisis de ADN que permite determinar perfiles genéticos en 60 minutos, un trabajo para el que habitualmente se requieren 72 horas. El Ministerio Público Fiscal ya tramita la compra de este robot que actualmente sólo tienen en países como Estados Unidos y Alemania.
Desde su puesta en marcha, el laboratorio ya cuenta con una base de datos con más de 52.500 perfiles genéticos, para una población de 2.000.000 de habitantes, una cifra muy destacable si se la compara con otros países de Latinoamérica.
Para el 2021 el ministerio Público Fiscal se propuso continuar con la dinámica de modernización a través de diferentes proyectos. Entre los más importantes, se destaca la creación de la Unidad Fiscal de Ciberdelitos, en línea con la política de continuar con la especialización de las Unidades Fiscales. Esta medida tiene su génesis como un mal de nuestro tiempo en el notable incremento de este tipo de delitos.
Finalmente, y en el marco de la Ley 9151, la Procuración buscará optimizar las Fiscalías Civiles para la legitimación de las acciones de extinción de dominio y sobre los bienes que provengan de hechos ilícitos previstos en la misma, registrando en Mendoza una sentencia muy reciente al respecto. Para ello, desde la Procuración, se han adoptado criterios y fijado pautas de actuación, con el fin de lograr la incautación de los bienes producto de hechos de corrupción, sobre los que ya se han logrado los primeros resultados positivos.
Sin hesitación, debo decir que la lucha contra la corrupción, debe ser una obligación constante de todas y todos, ya que esta calamidad contra-republicana, socaba irremediablemente la credibilidad en las instituciones y pone en jaque así cualquier intento de política de estado.
Párrafo aparte merece el Ministerio de la Defensa Público dirigido por Mariana Silvestri, que, en el nuevo modelo de gestión de la justicia, es un pilar fundamental en el sistema contradictorio y adversarial, ya que no puede haber tutela judicial efectiva, si no hay un profesional abocado a la protección del derecho de las y los ciudadanos, es por ello que una actuación independiente y comprometida de la defensa, resulta central a la hora de pensar un verdadero estado de derecho.
En este sentido, durante el 2020 los Defensores oficiales realizaron cerca de 10.000 audiencias en los diferentes fueros. Estamos hablando que en promedio estuvieron al frente de 58 audiencias diarias.
A pesar de las disposiciones y restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, nunca se dejó de atender a la ciudadanía. Se realizó una fuerte inversión adaptando las instalaciones para poder cumplir con los protocolos sanitarios establecidos, y brindar al mismo tiempo el derecho constitucional a obtener el servicio de defensa.
Tal y como expusimos ante la Honorable Legislatura Provincial, en nuestro presupuesto se ha incluido un plan de obras enfocado a las circunscripciones y fueros más postergados.
Es así, que en éste mes de marzo se publica el llamado a licitación para contratar la remodelación completa del Juzgado de Familia de Godoy Cruz, esperando que para el año próximo este habilitado el nuevo edificio.
A la par, este año vamos a realizar el estudio del proyecto para el llamado a licitación de un nuevo edificio para la sede del Poder Judicial para la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Tunuyán.
Con la concreción de esta obra, vamos a poder dotar al Valle de Uco de un centro judicial moderno y en el que se concentren todas las dependencias de esta Corte, el Ministerio Publico y la Defensa, que hoy están diseminadas por el departamento, mejorando así el acceso de las y los justiciables y profesionales, así como las condiciones de trabajo de nuestras y nuestros empleados.
El Poder Judicial de Mendoza ha hecho punta en la modernización de sus servicios y pretendemos que el 2021 sea el año en donde se terminen y concreten gran parte de estos procesos de mejora.
Es así que queremos anunciar, que luego de un largo recorrido, a partir de las 00 horas del día 1 de agosto se pondrá en producción el EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Contarán con esta nueva herramienta de gestión judicial todos los fueros.
Esta medida nos lleva de manera decidida al paradigma de la Gobernanza digital, toda vez que estamos convencidos que debemos responder de mejor manera las mayores exigenticas de calidad que nos imponen los tiempos.
A partir del 1 de agosto LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITEN EN TODOS LOS FUEROS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA, SERÁN DESDE EL INICIO HASTA SU FINAL, COMPLETAMENTE ELECTRÓNICOS. EL PODER JUDICIAL DESDE ESTA FECHA EN ADELANTE PRESCINDE DEL EXPEDIETNE PAPEL, PARA PASAR A UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS, MÁS AGIL, MÁS TRANSPARENTE, MÁS SEGURO Y MÁS SUSTENTABLE.
Somos conscientes, de que la integración de las TICS en la administración pública, trae aparejado ciertas complejidades, por los que estaremos abiertos a que magistrados, funcionarios, empleados y profesionales nos hagan las sugerencias que crean convenientes para poder mejorar el sistema y retroalimentar la tarea de los operadores del mismo.
Sabemos que estamos ante un nuevo desafío, pero lo que hemos transitado hasta el momento nos ha dado la satisfacción de entender que estamos preparando el Poder Judicial de los próximos años, más tecnológico, eficiente, transparente, aggiornado a la manera en la que las nuevas generaciones desarrollan sus actividades día a día
A la par de esto, quiero anunciar el primer desarrollo de un software nativo del Poder Judicial, en gestión integral de un fuero: EL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LED; desarrollado íntegramente por personal del Fuero Penal Colegiado y la Secretaría de Modernización de ésta Suprema Corte.
Este sistema de gestión del proceso del fuero penal, tiene la virtud de que su arquitectura y su desarrollo fue diseñado pensando en las necesidades propias del fuero, y será aplicado también a todos los procesos contravencionales, en acuerdo con el Ministerio de Seguridad y los Municipios de la provincia. Ya en su primera etapa cuenta con: 6.600 expedientes totalmente electrónicos y 2.902 sentencias íntegramente trabajadas de manera electrónica.
Estas modificaciones no se limitan a lo jurisdiccional, sino que, en el día de la fecha, hemos suscripto una acordada por la cual se aprueba el cronograma de puesta en funcionamiento el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) a todos los trámites administrativos que se hagan desde el Poder Judicial. La decisión, supone la revisión de procesos, a fin de mejorar la calidad de dichos trámites, asegurando a la par de su transparencia y la vinculación con el resto de los organismos de la provincia y la nación que ya cuentan con este sistema.
La puesta en marcha de estos nuevos sistemas en los procesos jurisdiccionales y administrativos de la provincia implicará también, además de hacer más sustentables los mecanismos de trabajo, un ahorro en los recursos financieros que hoy el Poder Judicial destina a la compra de insumos. Sólo en papel, dejaremos de consumir más de 30 toneladas al año, con un costo superior a los 12 millones de pesos.
Desde otra perspectiva, pero siguiendo la línea de mejoras tecnológicas en el Poder Judicial, pondremos a disposición de los ciudadanos y ciudadanos de Mendoza el nuevo Portal Web del Poder Judicial, el que no sólo implica una innovación en su estructura tecnológica, sino que pone a disposición de las y los justiciables una nueva y mejor herramienta para acceder a los servicios que brinda este poder del estado, de manera más clara y amigable.
Este nuevo portal, incorporará datos abiertos que le permitirán a todos aquellos que quieran conocer cómo funciona el Poder Judicial, visualizar estadísticas, movimientos de expedientes, seguir el ritmo del gasto o consultar indicadores de desempeño de nuestros magistrados y magistradas, entre otra información, lo que permitirá observar el trabajo que realizamos a diario de un extremo a otro de la provincia, abonando así a la transparencia en la gestión.
En este nuevo paradigma de la comunicación, este año pondremos en funcionamiento el 160, nuestro "Centro de Atención Judicial Ciudadana". A través de éste número único y rápido migramos de la atención telefónica a una mucho más completa y moderna, de tipo omnicanal, mediante la cual los mendocinos y mendocinas pueden acceder a todos sus trámites, asesoramientos y a la información que necesiten de manera más ágil y precisa, utilizando WhatsApp; Chat Box, Facebook y otras redes.
El 160 no implica sólo una mejora en la comunicación, sino que nos va a permitir el seguimiento de todos los trámites que allí se inician para imponer control de calidad en los servicios que brindamos, herramienta indispensable, si se quiere mejorar las políticas públicas que se implementan.
En los próximos meses, pondremos en línea una nueva aplicación móvil, destinada a las y los abogados y peritos, mediante la cual unificaremos y mejoraremos las herramientas con las que hoy cuentan, logrando de esa forma, concentrar en un solo lugar, de manera personalizada, todos los servicios que brinda este Poder Judicial. A la par, como parte de la modernización en la política de recursos humanos, estamos terminando de digitalizar todos los legajos de nuestros empleados, y pondremos, a través del sistema META4, un servicio de auto consulta y gestión.
En este 2021, concretaremos la habilitación del POLO JUDICIAL PENAL. Con la colaboración del Poder Ejecutivo provincial, entendimos la necesidad de acompañar con la concreción de una obra, el cambio rotundo del sistema penal provincial desde la implementación de la ley 9040, contamos con dos edificios que no representan sólo la utilización de nuevos espacios, sino que son parte de una nueva forma de gestionar la justicia penal. Hemos concretado dos obras: el edificio dependiente de la Corte con 15.000 m2; y el edificio del Ministerio Público Fiscal con 14.800 m2.
Los edificios destinados al Fuero Penal Colegiado y al Ministerio Público Fiscal no representan sólo la puesta en funcionamiento de dos inmuebles, son parte de un plan más grande y ambicioso. La mera utilización per se no produce un cambio en los tiempos de respuesta de la justicia hacia el ciudadano, por ello, el Polo Judicial Penal, fue pensado como parte de un proyecto de reforma de gestión, que comenzó con la aplicación de la ley 9040 y que nos permitirá, profundizar la oralidad, afianzar los procedimientos dispuestos por el código procesal penal, y contar con una justicia penal que pueda resolver la situación procesal del imputado de manera rápida y ágil, mirando también a la víctima.
Este nuevo inmueble contará con salas de cámara gesell, consultorios para los equipos de abordaje de abuso sexual y los equipos profesionales interdisciplinarios de violencia de género.
La puesta en funcionamiento del Polo Penal Judicial, no impacta solo en dicha materia, implica todo un rediseño de los servicios que prestamos en la primera circunscripción, ya que vamos a concentrar en el Palacio de Justicia todo el fuero Civil y demás dependencias administrativas de la Suprema Corte, con la consiguiente reducción en el gasto que tenemos actualmente, pues dejaremos de alquilar 6 edificios, por un costo estimado de más de 12 millones de pesos por año.
En uso de una sabia previsión constitucional, que otorga a esta Corte facultad iniciadora de Leyes, vamos a crear una comisión para el estudio y reforma del Código Procesal Penal y retomaremos el trabajo ya iniciado, para poder enviar también a la Legislatura Provincial un nuevo Código Procesal Administrativo. Este Poder Judicial ha acompañado y protagonizado los cambios en materia procesal en la provincia, los que han dado soluciones alentadoras en todos los fueros, siendo oportuno hoy el análisis y revisión de estas modificaciones, a fin de terminar de afianzarlas en el tiempo, con la participación de todos los operadores que las usan a diario.
El año 2020 nos hizo pensar en nuevas formas de administrar la Justicia. Creemos que lo que nos pasó nos ayudó a acelerar los cambios que pretendíamos para poder contar con una Justicia acorde a los tiempos modernos. Esos cambios que efectuamos y que efectuaremos a lo largo de 2021, no hubieran sido posibles sin el trabajo y el esfuerzo de las y los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que mostraron un alto compromiso con la función pública. Es por ello, que desde el máximo tribunal que integro, queremos fortalecer la discusión paritaria a fin de poder revisar las condiciones de empleo, en el marco de la normativa vigente, teniendo siempre presente la necesidad de prestar un mejor servicio, pero en las mejores condiciones de trabajo posibles.
La actividad estatal, en cualquiera de sus ámbitos es transformadora de la realidad social. Todas nuestras decisiones o indecisiones impactan de lleno en la vida de nuestro conciudadanos y conciudadanas, por lo que es imperioso que estemos a la altura de los desafíos que nos ponen los cargos que ocupamos.
La magistratura no está ajeno a esta premisa, y a veces, el impacto de una decisión jurisdiccional es mucho mayor al de una decisión ejecutiva, por lo que resulta imperioso, que dentro del resguardo estricto del derecho, podamos profundizar en nuestras intervenciones la participación de la ciudadanía, fundar suficientemente nuestras sentencias con un lenguaje claro, mediante el cual, sin prescindir de la argumentación jurídica, produzca en sus destinatarios, la plena convicción de que su caso ha sido analizado y resuelto conforme a los hechos y derecho invocado, pues cada vez que eso no sucede, cada vez que un justiciable no comprende o descree de la actuación de un tribunal, nos alejamos indefectiblemente de aquella meta preambular que nos manda "afianzar la justicia y consolidar la paz".
Es por ello, que el rol del magistrado en el funcionamiento institucional de la republica es esencial, de él depende que no se conculquen derechos individuales o colectivos, debiendo por ende ser activo a la hora de desarrollar su función, ya que muchas veces, solo en la acción urgente de la justicia, aquellos que más lo necesitan verán al estado presente que queremos todas y todos. Sin una tutela judicial efectiva, no hay estado de derecho.
Resulta claro, que el alto compromiso que emana de la magistratura exige como condición ineludible la independencia de acción, ya que no habrá republica con un poder judicial sometido a las presiones políticas, sociales o mediáticas. Lograr ésta independencia, como condición medular de nuestro esquema de reparto constitucional, no es responsabilidad solo de aquellos que quieren influir en nuestras decisiones, sino que depende esencialmente de las y los magistrados, quienes deben obrar con el temple necesario que los lleve a construir día a día su independencia de criterio, siempre, como dije, en el marco de la Ley.
En ese lugar van a encontrar siempre a este Tribunal a su lado.
Cuando asumí esta responsabilidad en la Corte, dije que eran momentos turbulentos, y así lo eran, pero el camino del dialogo y el respeto mutuo se ha impuesto, estoy convencido de que estamos aquí para poder superar estos retos que nos pone la vida institucional de la provincia.
Este es el norte que debemos poner frente a nosotros, por lo que resulta imprescindible que quienes tenemos obligaciones en áreas del estado o la política, podamos encontrar espacios de dialogo que nos permitan resolver las tensiones coyunturales que nos atraviesan, porque siempre que ello no sucede, siempre que prevalece la sinrazón, siempre que no nos ponemos en el lugar del otro, siempre que priorizamos lo particular al bienestar general, indefectiblemente la que termina afectada es la ciudadanía.
Es por ello, que invito y exhorto a la clase política de la provincia a que en la franca discusión de ideas puedan resolver los conflictos que diariamente les pondrá a prueba la realidad, evitando la judicialización de estas discusiones, pues sin dudas, un tribunal de justicia no es a veces el mejor escenario para debatir, ni por la estructura de ese debate ni por los tiempos en que se produce. No obstante, esta Corte siempre estará dispuesta a actuar cuando cualquier justiciable pida su intervención, cumpliendo así el mandato constitucional que nos cabe, de garantizar el acceso a la justicia de todas y todos.
Nuevamente la historia pone a la humanidad a prueba, estará en nosotros ser solidarios y responsables para salir de esta situación de excepción y comenzar desde ya a pensar la post-pandemia, la reconstrucción de lo roto y la profundización de los procesos virtuosos ya empezados, poniendo siempre en eje al que menos tiene. Solo el diálogo institucional de los poderes de la República puede sentar las bases de esta recuperación, la que estoy seguro que será posible, ya que como nos demostró el General don José de San Martin, no hay empresa que no pueda ser realizada, sin coraje y voluntad.
Muchas gracias.